«Andrea padecía el dolor y nadie actuó»: La historia detrás del fallo que condenó al cirujano Carlos Nemec
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A diez años del trágico desenlace de Andrea Schlotthauer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto la prescripción dictada en Gualeguaychú y ratificó la inhabilitación del médico hasta 2030. La abogada querellante y amiga de la familia, Rosana Lema Olano, repasa el calvario de una lucha centrada en la búsqueda de la verdad antes que en el resarcimiento económico.
Hay heridas que el paso del tiempo no logra cerrar, pero la justicia, aunque tardía, aporta un halo de luz sobre la impunidad. El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), que revocó la declaración de prescripción dispuesta por el juez Podestá y confirmó la inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina al cirujano Carlos Guillermo Nemec, marcó el cierre de una larga batalla judicial e íntima para la familia de Andrea Schlotthauer.
Andrea falleció el 2 de febrero de 2016 a causa de una sepsis generalizada tras un cuadro no diagnosticado a tiempo de apendicitis y peritonitis. Diez años después, la doctora Rosana Lema Olano, quien asumió la representación querellante movida tanto por el compromiso profesional como por el afecto a la familia, reflexiona sobre el desgaste emocional, la negligencia médica y la convicción de un padre que solo buscaba saber qué había ocurrido con su única hija.
De un dolor abdominal a un desenlace fatal
El derrotero de Andrea comenzó un fin de semana. Tras realizar dos consultas y recibir indicación de antibióticos por un fuerte dolor abdominal, quedó internada en las primeras horas del domingo. A partir de ese momento, la atención médica quedó bajo la responsabilidad del cirujano Carlos Nemec.
Con el transcurso de las horas, el cuadro clínico se agravó notablemente. Para el lunes, los análisis de laboratorio e imágenes ya mostraban señales claras de una infección abdominal avanzada. Sin embargo, la intervención médica continuó posponiéndose.
El momento más crítico se vivió la noche del martes. Ante el evidente deterioro de la paciente, dos profesionales de guardia evaluaron a Andrea y detectaron síntomas compatibles con una sepsis generalizada. Intentaron convocar de urgencia a Nemec, pero el profesional se negó a concurrir. Tiempo después, en sede judicial, el propio cirujano admitió que esa noche no acudió al centro de salud porque se encontraba en una reunión social con amigos llegados desde España.
Andrea recién ingresó a quirófano a las 10:00 del miércoles, cuando el cuadro era irreversible: el plastrón apendicular se había roto y la infección afectaba gravemente sus pulmones y riñones. La intervención no logró frenar el avance de la sepsis. Tras ingresar a terapia intensiva, el lunes siguiente se le diagnosticó muerte cerebral, falleciendo finalmente la noche del martes 2 de febrero.
«La angustia de ver cómo esa flor se marchitaba, entrando por un dolor y viendo que todos se daban cuenta de lo que pasaba pero los capacitados no actuaban, es una huella imborrable», expresa Lema Olano.
Un pedido desesperado en la habitación
Entre los pasajes más conmovedores de la reconstrucción de los hechos, la letrada recuerda la mañana del mismo martes previo a la descompensación grave. Lúcida y consciente del deterioro de su salud, Andrea le suplicó al cirujano en su propia habitación que la operara o que autorizase su traslado a otro centro asistencial. El médico la convenció de permanecer en el lugar.
Sobre este punto, la abogada enfatiza un derecho fundamental del paciente que muchas veces se desconoce por temor o deferencia ante la autoridad médica:
«Todo paciente tiene derecho. Si no está conforme con la atención que se le está brindando, puede retirarse a otro nosocomio y llevarse todos sus estudios, porque las imágenes y análisis son propiedad del paciente. No se necesita la autorización de ningún médico para buscar otra opinión o atención».
Una búsqueda impulsada por la verdad, no por el dinero
A diferencia de la mayoría de los reclamos por praxis médica en la provincia, la familia Schlotthauer optó por no iniciar acciones en la vía civil para obtener una reparación económica. La meta de Augusto, padre de Andrea y viudo, era únicamente de carácter penal y ético.
«Augusto no buscaba dinero. Buscaba dos cosas: saber con certeza quién había sido el responsable de que su hija ya no estuviera con él y lograr que esa persona no volviera a ejercer la medicina para evitar que vuelva a ocurrir», señala Lema Olano.
El camino judicial no estuvo exento de irregularidades. Aunque la causa avanzó rápidamente en sus inicios gracias al accionar fiscal Sergio Rondoni Caffas y el jefe de fiscales Lisandro Beheran, el proceso enfrentó múltiples dilaciones. El año pasado, cuando la condena ya se encontraba en fase de ejecución, un fallo local declaró la prescripción del expediente, una resolución calificada de «incomprensible» por la querella y la fiscalía. Finalmente, la máxima instancia judicial de Entre Ríos corrigió la situación al ratificar que si una pena está en ejecución no puede prescribir por acción de persecución del Estado por que esa etapa ya finalizó, confirmando la inhabilitación de Nemec hasta el 1 de junio de 2030.
El dolor que queda
Aunque para la querella una pena de cinco años de inhabilitación resulta insuficiente frente a la pérdida de una vida joven, la resolución del STJER aporta tranquilidad y un sentido de justicia cumplida.
Augusto, quien compartía su vida cotidiana y todos sus proyectos con Andrea, enfrenta hoy la certeza de la verdad judicial sobre la muerte de su hija, aunque el dolor por la ausencia permanezca intacto.
Autor:Javier Vilaboa
