En un operativo sin precedentes para la jurisdicción de Gualeguaychú, el Fiscal Auxiliar Dr. Lucas Pascual encabezó dos allanamientos simultáneos motivados por la realización de "picadas" y pruebas de destreza ilegal. Los procedimientos, realizados en domicilios de las calles Avellaneda y Jujuy, responden a un reclamo ciudadano creciente y a la identificación de maniobras temerarias que pusieron en riesgo la vida de peatones y conductores durante las últimas festividades.
Un operativo basado en evidencia digital
La investigación se precipitó tras los hechos ocurridos en la víspera de Navidad, donde se viralizaron videos de motociclistas circulando en contramano y a alta velocidad frente al Hospital Centenario. Según explicó el Dr. Pascual, el informe presentado por el Jefe de Operaciones, Comisario Inspector Adolf, fue clave para iniciar el legajo.
"Lo que nos estaba faltando era documentar la evidencia para sostener la configuración del delito. Esta vez contamos con un aporte extenso de videos y fotografías de perfiles públicos de redes sociales que permitieron avanzar con las medidas", señaló el fiscal.
En los domicilios allanados se secuestraron dos motovehículos (Honda CG 150 Titan y Honda Wave 110S) y dos teléfonos celulares (iPhone y Motorola). El secuestro de los dispositivos móviles es estratégico: se busca probar la organización y convocatoria de estos eventos a través de Facebook e Instagram.
El Artículo 193 bis: Delito de peligro, no de resultado
Una de las aclaraciones más importantes del fiscal radica en la figura legal aplicada. El Artículo 193 bis del Código Penal sanciona a quien cree una situación de peligro mediante pruebas de velocidad o destreza no autorizadas.
Pascual distinguió entre las contravenciones municipales (como los ruidos molestos o "cortes" de escape) y los delitos penales (como los "willies" o conducir en contramano), que son los que ahora la fiscalía persigue con mayor rigor.
La responsabilidad de los padres y el compromiso familiar
Durante la entrevista, el fiscal destacó un hecho particular ocurrido en uno de los allanamientos: los padres de uno de los involucrados colaboraron activamente e incluso le habían quitado una rueda a la moto para evitar que su hijo siguiera participando en estas prácticas.
"Es fundamental que los padres pongan el ojo en qué hacen los chicos con un vehículo. Aunque en este caso los imputados tienen 18 y 19 años y son penalmente responsables, en casos de menores la responsabilidad civil recae sobre los progenitores", advirtió Pascual.
Cómo denunciar: El rol del ciudadano
Para que estas medidas no sean hechos aislados, el Dr. Pascual instó a la comunidad a colaborar con la justicia. El mecanismo es directo:
"La intención es que estas prácticas judiciales desalienten las conductas temerarias. Tenemos que llegar antes de que ocurra un desastre", concluyó el fiscal.
