La Justicia está en jaque
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El incontrastable hecho de que el femicidio de la joven de 25 años se pudo evitar movilizó a centenares de mujeres que se manifestaron en la explanada de ingreso a los Tribunales de la capital entrerriana. Lo hizo también un nuevo femicidio. La importante, contundente y comprometida manifestación fue interpretada por un medio como una toma de “rehenes”, ubicando en esta condición a los funcionarios responsables de diseñar y llevar adelante la política criminal de la provincia y a los encargados de ejecutarla. Por el devenir de los acontecimientos, incluso más allá del femicidio de Fátima Acevedo, está más que claro que quienes son rehenes de una cultura –el patriarcado- y de la inacción de los fiscales y magistrados, son las mujeres, que siguen siendo blanco de la violencia machista.
La curiosa interpretación, mientras los colectivos de mujeres se manifestaban en contra de un nuevo y evitable femicidio, podría ser “interpretada” como una advertencia. El procurador general de la provincia, Jorge García, no ha dudado en criminalizar a quienes han usado el derecho constitucional de manifestarse para expresar su disconformidad con el desarrollo de una investigación. El último acto de aquella conducta fue la criminalización de los familiares de un hombre que falleció en un siniestro vial. Si bien los familiares dirigieron sus críticas hacia el fiscal equivocado, una serie de situaciones coadyuvaron a ello. La reacción del jefe de los fiscales fue que no permitiría que por ningún motivo se pusiera en duda la honestidad de sus subordinados. No fue la primera vez que lo hizo. Al parecer, no será la última. No obstante cabe pensar ¿lo hará ahora? ¿criminalizará por alguna forzada razón a las representantes de los colectivos de mujeres o a algunas manifestantes que hicieron una vigilia pidiendo que los responsables de llevar adelante el legajo de Fátima Acevedo den las explicaciones del caso?
NEGACIÓN. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está en el ojo de la tormenta. Sus integrantes han dado pasos que los ubicaron en ese lugar. EL DIARIO ha informado sobre situaciones de violencia que han sufrido mujeres que concurrieron a la unidad de Violencia de Género a denunciar que fueron víctimas de un hecho. Esto generó el malestar de los funcionarios públicos. Incluso uno de estos cuestionó que éste cronista “le diera micrófono” a un abogado que le puso su voz y su rostro a la denuncia mediática, eligiendo EL DIARIO para formularla. Está conducta de negar las observaciones, incluso las fundamentadas, se ha expresado en otras causas. Sin ir muy lejos en el tiempo, la procuradora general adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, negó en una audiencia oral y pública información de interés público que publicó EL DIARIO. Posteriormente a aquella audiencia, una decisión suya en la causa que investiga a una supuesta organización que enquistada en la Legislatura habría sustraído de las arcas del Estado suman millonarias, corroboró la información que publicó este medio ¿Qué sucedió con este claro hecho de falta de imparcialidad? Nada, la funcionaria continúa en su cargo y cobrando un monto para nada despreciable.
DECISIONES. El diseño de la política criminal que lleva adelante el MPF también está en el ojo de la tormenta. Se trata de decidir qué delitos de persiguen y cuáles no. Y cómo se los persigue. La pregunta que cabe formular en la investigación por la desaparición de Fátima Acevedo es ¿por qué no se dictaron medidas de coerción inmediatas a hechos gravísimos contra la joven? En la audiencia de prisión preventiva de Jorge Martínez quedó en claro que intentó arrojarle ácido muriático en el rostro y no lo consumó por cuestiones ajenas a su voluntad. También se supo que violó las restricciones que le impuso el fuero de Familia por denuncias de violencia familiar. En otros casos, un mensaje de texto es suficiente para pedir el arresto preventivo del imputado. En este, aquellas dos contundentes conductas no ameritaron el interés por resguardar la integridad física y psicológica de Fátima Acevedo.
USO. ¿Hace el MPF un uso mediático de las causas por violencia de género? La pregunta surge del devenir de algunas importantes investigaciones. El caso de los policías imputados de la violación de dos menores en instalaciones del ex ferrocarril y la causa denominada Pool Party, son algunas de las más recientes. En la primera, de los siete policías involucrados, dos quedaron desvinculados durante la investigación, tres resolvieron su situación en juicios abreviados por no haber actuado ante las supuestas violaciones, y dos continuaron imputados por los abusos. El dato saliente fue que se dictó la nulidad de la imputación contra uno de los policías porque la supuesta víctima negó haber sufrido abuso y no realizó la denuncia. La pregunta que aún no tiene respuesta es ¿cómo llegaron los fiscales a formular la imputación si no había denuncia, es decir relato del hecho, y la propia “víctima” sostuvo en Cámara Gesell que no fue violada? La segunda causa, con amplia cobertura mediática, involucró a cuatro jóvenes. Dos quedaron desvinculados de la investigación en los primeros momentos por falta de pruebas. Dos firmaron sendas Probation. Fue a instancias de la querella, que estaba en manos de una reconocida abogada feminista. Es sólo observar con atención.
RESPONSABILIDADES. Del análisis de los numerosos legajos que se sustanciaron en la Justicia se puede sostener que el MPF y el fuero de Familia, más precisamente la jueza de Familia N°1, Rosario Moritán, no hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar un nuevo femicidio en Entre Ríos. De allí el reclamo de los colectivos de mujeres. Por eso sorprende la reacción de los funcionarios judiciales y la pata mediática, que se complementan para tratar de eludir las responsabilidades que a los primeros les competen. Una reconocida letrada, ya fuera de la “batalla” jurídico judicial, señaló con la agudeza que la caracterizó durante los años en que ejerció fundamentalmente la defensa, que “la Justicia está en jaque”. Habrá que estar atentos a los movimientos que se producen de acá en más porque de ello dependerá qué tipo de servicio de Justicia tendremos los entrerrianos. Si uno que niega sus responsabilidades y se abroquela corporativamente o uno que se apega a las funciones que las normas les asignaron y acepta los aportes que distintos actores de la sociedad le pueden realizar.
Autor:Néstor Belini
